Negarse sin justificación a cumplir una instrucción de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) es una infracción grave, de acuerdo con lo señalado en la Ley 21663. Puede sancionarse con una multa de hasta 10.000 UTM, o hasta 20.000 UTM si se trata de un operador de importancia vital.